7 Jóvenes Desaparecieron Durante Un Viaje En 1998 — 14 Años Después, Un Descubrimiento Macabro…

Siete jóvenes desaparecieron durante un viaje en 1998, 14 años después, un descubrimiento macabro. María Elena Vázquez Herrera bajó de su camioneta Toyota y observó el terreno valdío que acababa de comprar en las afueras de Tapalpa, Jalisco. Era marzo de 2012, 14 años después de que su hermana

Claudia desapareciera junto a otros seis universitarios durante un viaje de estudios.
El viento movía los matorrales secos. mientras caminaba hacia donde los trabajadores habían comenzado a preparar los cimientos para su futura casa de campo. “Señora Vázquez, venga a ver esto”, gritó Ramón Ochoa Santillán, el capataz de la construcción. Sus botas golpearon la tierra compacta

mientras se dirigía hacia donde un grupo de hombres se había reunido alrededor de una excavadora amarilla.
El operador Jesús Morales Díaz había detenido la máquina y señalaba hacia el suelo. Encontramos algo extraño aquí abajo. Parece ser ropa y otras cosas. María Elena se acercó y su respiración se detuvo. Entre la tierra removida asomaban pedazos de tela azul, lo que parecía ser una mochila roja

descolorida y algo que brillaba bajo el sol del mediodía.
Se agachó y reconoció inmediatamente la pequeña cruz de plata que colgaba de una cadena oxidada. “Dios mío”, susurró. Era el collar que le había regalado a Claudia para su cumpleaños número 20, apenas dos meses antes del viaje fatal a las montañas de Jalisco en abril de 1998. “¿Qué hacemos,

señora?”, preguntó Ramón, notando la palidez que había invadido el rostro de María Elena.
“Detengan todo”, ordenó con voz firme, pero temblorosa. “Nadie toque nada más. Voy a llamar a la policía.” Sacó su teléfono celular y marcó el número de emergencias. Necesito reportar el hallazgo de evidencia relacionada con un caso de personas desaparecidas. Mi nombre es María Elena Vázquez

Herrera.
Estoy en el kilómetro 15 de la carretera Atapalpa, en el predio conocido como El Mirador. Mientras esperaba a las autoridades, María Elena recordó vívidamente aquel día de abril de 1998 cuando Claudia y sus seis compañeros de la Universidad de Guadalajara habían partido en dos camionetas hacia lo

que debería haber sido un viaje de investigación geológica de 5 días.
El grupo estaba conformado por Claudia Vázquez Herrera, de 20 años, estudiante de geología. Roberto Mendoza Campos, de 21 años, también geología. Ana Sofía Ramírez Contreras, de 19 años, biología. Carlos Eduardo Jiménez Ruiz, de 22 años. Ingeniería civil. Lucía Fernández Morales de 20 años.

 

Biología, Diego Alejandro Torres Vega de 21 años, geología y Fernando Sánchez Ortega de 20 años, el único de ingeniería química. El profesor responsable, el Dr.
Esteban Villalobos Castañeda, de 45 años y prestigioso académico de la facultad, había organizado personalmente el viaje. Según su versión oficial, los estudiantes habían decidido separarse del grupo principal para explorar una zona no autorizada y nunca regresaron al campamento base.

30 minutos después, una patrulla de la Procuraduría General de Justicia del Estado llegó al sitio. El comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez, un hombre de mediana edad con bigote gris, descendió del vehículo seguido por dos agentes y un fotógrafo forense. Señora Vázquez, soy el comandante Herrera.

 

Entiendo que encontraron evidencia relacionada con el caso de los estudiantes desaparecidos en 1998, dijo mientras se colocaba guantes de látex.
Comandante, reconocí inmediatamente este collar, respondió María Elena señalando la cadena de plata. Se lo regalé a mi hermana Claudia dos meses antes de su desaparición. También hay mochilas y ropa que podrían pertenecer a los otros estudiantes. El comandante Herrera examinó cuidadosamente el área

sin tocar nada. Vamos a acordonar toda esta zona. Necesitamos un equipo completo de antropología forense aquí.
¿Cuánta tierra han removido exactamente? Apenas comenzamos esta mañana, explicó Ramón. La máquina penetró aproximadamente metro y medio cuando encontramos estas cosas. No hemos tocado nada desde entonces. Perfecto, señora Vázquez. Necesito que me proporcione todos los detalles que recuerde sobre el

caso original. ¿Dónde está el expediente? María Elena respiró profundamente.
Comandante, durante estos 14 años he mantenido copias de todos los documentos. La investigación original fue dirigida por el entonces comandante Alfonso Cervantes Moreno, quien se retiró en 2005. Según el expediente, los estudiantes salieron el 15 de abril de 1998 hacia la zona montañosa de

Tapalpa, bajo la supervisión del doctor Villalobos.
¿Y qué versión oficial se manejó en ese momento? El doctor Villalobos reportó que el 18 de abril, tercer día del viaje, los siete estudiantes decidieron explorar por cuenta propia una zona peligrosa llamada Barranca del contra sus indicaciones expresas. Según él, cuando no regresaron al campamento

esa noche, organizó una búsqueda inmediata con el resto del grupo, pero no los encontraron.
El comandante Herrera tomaba notas detalladamente, qué elementos no concordaban en esa investigación. Varios aspectos nunca me convencieron, comandante. Primero, mi hermana Claudia era extremadamente responsable y jamás habría desobedecido las indicaciones de un profesor. Segundo, encontraron las

dos camionetas estacionadas en un lugar completamente diferente al que el doctor Villalobos había mencionado inicialmente.
Tercero, ninguno de los otros estudiantes del grupo corroboró completamente la versión del profesor sobre las últimas horas. El fotógrafo forense, identificado como técnico Raúl Aguilar Soto, había comenzado a documentar minuciosamente el sitio. Comandante, definitivamente hay más material

enterrado aquí. Puedo ver lo que parecen ser restos de calzado y posiblemente huesos.
María Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Huesos, ¿estás seguro, señora? Es prematuro confirmar cualquier cosa hasta que llegue el equipo especializado”, intervino el comandante Herrera. “Pero lo que puedo decirle es que este hallazgo cambia completamente la perspectiva del caso. Si

efectivamente estos objetos pertenecen a los estudiantes desaparecidos, tenemos evidencia de que no salieron voluntariamente de la región como se había supuesto.
” ¿Qué significa esto para la investigación? Significa, señora Vázquez, que vamos a reabrir oficialmente el caso con una nueva hipótesis. Ya no estamos buscando personas desaparecidas. Ahora estamos investigando un posible homicidio múltiple. El comandante se dirigió a sus agentes. Quiero que

contacten inmediatamente al Dr.
Patricia Moreno Jiménez, la antropóloga forense del estado. También necesito que localicen al Dr. Esteban Villalobos y a todos los estudiantes que participaron en aquel viaje de 1998. Es hora de escuchar nuevamente sus versiones, pero esta vez bajo una luz completamente diferente. Mientras el área

se llenaba de cinta amarilla de seguridad, María Elena contempló el pequeño collar de plata que ahora descansaba en una bolsa de evidencia.
Después de 14 años de preguntas sin respuesta, finalmente tenía la prueba de que su hermana y sus compañeros no habían abandonado voluntariamente sus vidas. Alguien los había matado y enterrado en este lugar desolado. Y ahora la verdad estaba comenzando a emerger que había guardado sus secretos

durante tanto tiempo. Comandante, dijo María Elena con determinación renovada. Quiero estar presente en cada paso de esta investigación.
Esos jóvenes merecen justicia y sus familias merecen saber qué realmente les pasó. Entiendo su posición, señora Vázquez, y la respeto. Mantendremos informadas a todas las familias, pero debe comprender que a partir de ahora esto es una investigación criminal activa. Necesitaremos su colaboración

total, pero también deberá permitir que nosotros hagamos nuestro trabajo.
El sol comenzaba a declinar sobre los cerros de Tapalpa mientras los especialistas llegaban al sitio. María Elena sabía que este era apenas el comienzo de un proceso que prometía ser tanto revelador como doloroso, pero finalmente tenía esperanza de que la verdad sobre el destino de Claudia y sus

compañeros saldría a la luz. El comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez se dirigió directamente a los archivos centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Guadalajara.
Era la mañana del 20 de marzo de 2012, tres días después del descubrimiento en Tapalpa. Necesitaba revisar meticulosamente el expediente original del caso Quat 8889 1998. Antes de interrogar nuevamente al Dr. Esteban Villalobos Castañeda, la encargada de archivos, licenciada Rosa María Jiménez

Herrera, localizó rápidamente las cinco carpetas que contenían toda la documentación del caso. Comandante, aquí está todo.
El expediente original tiene 347 páginas, incluyendo declaraciones, fotografías, mapas y reportes técnicos. Herrera abrió la primera carpeta y comenzó su revisión sistemática. El reporte inicial fechado el 19 de abril de 1998 había sido elaborado por el comandante Alfonso Cervantes Moreno.

Según este documento, la denuncia fue presentada por el propio doctor Villalobos a las 14:30 horas, reportando la desaparición de siete estudiantes universitarios. Declaración del Dr. Esteban Villalobos Castañeda, fecha 19 de abril de 1998, hora 15:15. leyó Herrera en voz alta. El declarante

manifiesta que organizó un viaje de estudios con 23 estudiantes de las carreras de geología, biología e ingeniería de la Universidad de Guadalajara.
El grupo completo llegó a la zona de Tapalpa el 15 de abril, estableciendo campamento base en el área conocida como los volcanes. La declaración continuaba detallando que el 18 de abril, durante el desayuno, siete estudiantes específicos habían manifestado su intención de explorar una zona no

autorizada llamada Barranca del aproximadamente 8 km al noreste del campamento.
Según Villalobos, él había prohibido expresamente esta exploración por considerarla peligrosa. Los estudiantes Claudia Vázquez Herrera, Roberto Mendoza Campos, Ana Sofía Ramírez Contreras, Carlos Eduardo Jiménez Ruiz, Lucía Fernández Morales, Diego Alejandro Torres Vega y Fernando Sánchez Ortega

abandonaron el campamento aproximadamente a las 9, 00 horas del 18 de abril, llevando mochilas con provisiones para el día. Continuaba la declaración.
Herrera encontró inmediatamente la primera inconsistencia. En una hoja suelta había una nota manuscrita del comandante Cervantes. Verificar. El Dr. Villalobos inicialmente declaró que los estudiantes salieron a las 8:30, luego cambió la hora a 9 SEO. También modificó el destino.

Primero mencionó Cerro Alto, después Barranca del El comandante siguió revisando los documentos. Las declaraciones de los 16 estudiantes restantes del grupo mostraban inconsistencias significativas. La estudiante Verónica Salinas García había declarado, “Recuerdo que Claudia me comentó la noche del

17 que el profesor les había sugerido visitar una zona especial para recolectar muestras minerales.
No parecía ser desobediencia, sino parte del programa. Sin embargo, el estudiante Javier Morales Ruiz declaró algo completamente diferente. Los siete compañeros estaban emocionados por explorar por su cuenta. El doctor Villalobos les había advertido que no fueran, pero ellos insistieron. “Tenemos

declaraciones contradictorias desde el primer momento”, murmuró Herrera tomando notas detalladas.
La búsqueda oficial había comenzado el 19 de abril cuando los estudiantes no regresaron al campamento. Participaron elementos de protección civil, bomberos locales y voluntarios de Tapalpa. Durante 5 días rastrearon la zona de Barranca del sin encontrar rastro alguno de los desaparecidos. El

elemento más perturbador del expediente era el reporte sobre las camionetas, los vehículos utilizados por los estudiantes desaparecidos, una Chevrolet Suburban azul placas Cotegge 46S889 y una Ford Explorer roja placas TOGD UL156 fueron encontradas el 21 de abril en el estacionamiento del hotel

Posada Real de Tapalpa, a 12 km del campamento base.
Aquí está el problema central”, se dijo Herrera. El gerente del hotel, señor Arturo Méndez Salazar, había declarado que las camionetas llegaron al hotel la noche del 18 de abril, aproximadamente a las 220 horas. Sin embargo, el Dr. Villalobos había insistido en que los estudiantes se dirigieron

hacia Barranca del en dirección completamente opuesta al hotel.
El comandante Cervantes había anotado al margen por qué los estudiantes llevaron las camionetas al hotel si su destino era la barranca. ¿Quién las condujo hasta allí? Las llaves de ambos vehículos fueron encontradas en recepción del hotel. El recepcionista nocturno Ingen Felipe Gutiérrez Moreno

declaró: “Un joven alto de aproximadamente 22 años entregó las llaves cerca de las 22:15.
Dijo que el grupo se había hospedado en otro lugar, pero querían dejar los vehículos seguros. Pagó el estacionamiento por una semana completa. ¿Puede describir físicamente a esta persona?, había preguntado el comandante Cervantes durante el interrogatorio. Era delgado, cabello oscuro, vestía camisa

a cuadros azul y jeans. Hablaba con acento de Guadalajara. No mostró identificación, pero parecía muy educado y confiable.
Esta descripción no coincidía exactamente con ninguno de los siete estudiantes desaparecidos, aunque se asemejaba tanto a Roberto Mendoza como a Diego Torres. Herrera continuó revisando el expediente y encontró fotografías de los objetos personales encontrados en las camionetas en la Suburban. Tres

mochilas vacías, una cámara fotográfica sin película, un mapa de la región con marcaciones en rojo y un cuaderno de notas con la letra de Claudia Vázquez.
En la Explorer, ropa limpia, productos de higiene personal y, curiosamente, una bolsa con medicamentos que incluía antibióticos y analgésicos. ¿Por qué llevaban medicamentos en cantidad si solo era una excursión de un día?, se preguntó Herrera. El aspecto más inquietante era una serie de fotografías

tomadas en el cuarto de revelado de la universidad.
La cámara encontrada en la suburban había sido procesada por el técnico fotográfico Luis González Herrera. Las imágenes mostraban el viaje normal hasta el 17 de abril. Estudiantes montando campamento, recolectando muestras, paisajes de la zona. Pero las últimas tres fotografías tomadas

aparentemente la mañana del 18 de abril mostraban algo extraño. En la primera imagen se veía al doctor Villalobos conversando intensamente con dos hombres que no pertenecían al grupo universitario junto a una camioneta blanca que no formaba parte de la expedición oficial. La segunda fotografía

tomada desde cierta distancia
mostraba a los siete estudiantes desaparecidos subiendo a esta camioneta blanca, no a sus propios vehículos. La tercera y última imagen era borrosa, pero se distinguía claramente la camioneta blanca alejándose del campamento por un camino diferente al que conducía hacia Barranca del “Esto cambia

todo”, murmuró Herrera.


Los estudiantes no se fueron solos hacia la barranca. Alguien más los transportó en un vehículo no identificado. El comandante Cervantes había interrogado al Dr. Villalobos sobre estas fotografías el 25 de abril de 1998. La respuesta del profesor había sido evasiva. No recuerdo haber posado para

fotografías con desconocidos. Posiblemente los estudiantes fotografiaron a turistas que pasaban por la zona.
En cuanto a la camioneta blanca, muchos vehículos circulan por esos caminos durante la temporada turística. Sin embargo, el análisis técnico de las fotografías realizado por el experto LCK Eduardo Ramírez Castillo había determinado que las imágenes fueron tomadas consecutivamente en un periodo

máximo de 15 minutos, todas desde la perspectiva del campamento base y que la persona que las tomó tuvo acceso directo a los eventos documentados. La investigación original se había estancado por falta de evidencia física.
Los estudiantes parecían haber desaparecido completamente después de subir a la camioneta blanca. No había rastros, no había comunicación, no había testigos adicionales. El expediente incluía entrevistas con las familias de las víctimas. Los padres de Roberto Mendoza, señor Armando Mendoza Villareal

y señora Carmen Campos Herrera habían contratado un investigador privado, LC, Mauricio Sánchez Delgado, quien trabajó el caso durante 8 meses sin resultados concluyentes.
“Mi hijo jamás habría desobedecido las instrucciones de un profesor”, había declarado la señora Carmen Campos. Roberto era muy disciplinado y responsable. Algo le pasó, pero no fue por su imprudencia. Los padres de Ana Sofía Ramírez habían expresado dudas similares. El señor Gonzalo Ramírez Torres,

médico de profesión, declaró, “Mi hija me llamó la noche del 17 de abril.
Estaba emocionada porque el doctor Villalobos les había prometido mostrarles una formación geológica excepcional al día siguiente. No mencionó nada sobre explorar áreas prohibidas. Herrera cerró el expediente con una certeza absoluta. La investigación original había sido deficiente o

deliberadamente desviada. Las evidencias fotográficas, las inconsistencias en las declaraciones y la extraña aparición de la camioneta blanca sugerían que los siete estudiantes no habían desaparecido voluntariamente. “Es hora de interrogar
nuevamente al Dr. Esteban Villalobos decidió, pero esta vez con las evidencias del entierro y 14 años de experiencia adicional en investigación criminal. El comandante salió de los archivos con la convicción de que estaba enfrentando no solo un homicidio múltiple, sino posiblemente una conspiración

que había logrado ocultar la verdad durante más de una década. El Dr.
Esteban Villalobos Castañeda llegó a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado a las 10 horas del 22 de marzo de 2012. A los 59 años mantenía el porte distinguido que lo había caracterizado durante su carrera académica. Cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro impecable

y la expresión serena de quien había pasado décadas impartiendo cátedra en la Universidad de Guadalajara.
El comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez lo recibió en la sala de interrogatorios número tres, acompañado por el agente investigador capitán Luis Fernando Gómez Herrera, especialista en casos de homicidio. La habitación estaba equipada con sistema de grabación de audio y video protocolo

obligatorio para casos de esta magnitud. Dr.
Villalobos, agradecemos su disposición para colaborar con la investigación, comenzó el comandante Herrera. Como usted sabe, el pasado 18 de marzo fueron encontrados objetos que aparentemente pertenecen a los estudiantes desaparecidos en 1998. Necesitamos actualizar su declaración a la luz de estas

nuevas evidencias. Por supuesto, comandante, respondió Villalobos con voz tranquila.
He mantenido durante todos estos años la esperanza de que Claudia, Roberto y sus compañeros fueran encontrados. Si estos hallazgos pueden ayudar a esclarecer su destino, tengo toda la disposición de cooperar. El comandante abrió el expediente y colocó sobre la mesa las fotografías encontradas en el

sitio de excavación.
“Reconoce estos objetos, doctor.” Villalobos examinó las imágenes cuidadosamente. La mochila roja parece similar a la que usaba Roberto Mendoza. También reconozco lo que podría ser la chamarra azul que llevaba Claudia. Sin embargo, después de tantos años no puedo estar completamente seguro. Doctor,

estas fotografías fueron tomadas en el lugar donde encontramos estos objetos”, continuó Herrera mostrando imágenes del sitio de excavación.
Los elementos fueron hallados enterrados a metro y medio de profundidad, junto con lo que nuestros expertos han confirmado como restos óseos humanos. Por primera vez, la compostura del Dr. Villalobos mostró una ligera alteración. Sus manos se tensaron ligeramente sobre la mesa. Restos está

confirmando que los estudiantes, la antropóloga forense, está realizando los análisis correspondientes, interrumpió el capitán Gómez. Pero queremos revisar con usted algunos aspectos de su declaración original que presentan inconsistencias.
El comandante Herrera desplegó sobre la mesa copias de las fotografías encontradas en la Cámara de los Estudiantes en 1998. Doctor, ¿recuerda estas imágenes? Villalobos las observó durante varios segundos. Vagamente, los estudiantes tomaban fotografías constantemente durante el viaje. No prestaba

atención específica a cada imagen.
Esta fotografía lo muestra a usted conversando con dos hombres desconocidos junto a una camioneta blanca. El 18 de abril de 1998, señaló Herrera. ¿Puede explicarnos quiénes eran estas personas, comandante? Han pasado 14 años. Es posible que algunos turistas o lugareños se hayan acercado al

campamento. Era común que personas de la zona visitaran a los grupos universitarios.
En esta segunda fotografía se observa claramente a los siete estudiantes desaparecidos subiendo a esa misma camioneta blanca. continuó el capitán Gómez. Sin embargo, en su declaración original, usted afirmó que los estudiantes se dirigieron a pie hacia Barranca del La pausa del doctor Villalobos

fue más prolongada esta vez. Capitán, debo ser honesto, los eventos de aquellos días fueron muy confusos y traumáticos.
Es posible que mi memoria haya alterado algunos detalles con el paso del tiempo. Doctor, no estamos hablando de detalles menores, intervino firmemente el comandante Herrera. Su versión original indica que los estudiantes desobedecieron sus órdenes y se dirigieron caminando hacia una zona peligrosa.

Estas fotografías muestran que abordaron un vehículo desconocido en presencia de usted.
¿Puede explicar esta discrepancia? Villalobo se ajustó los anteojos y respiró profundamente. Comandante, tal vez deba ser más preciso en mi reconstrucción de los hechos. Es cierto que algunas personas externas al grupo se acercaron al campamento ese día. Ofrecieron transportar a los estudiantes

 

 

hacia zonas de interés geológico que no estaban incluidas en nuestro itinerario oficial. Y usted autorizó que los estudiantes se fueran con desconocidos.
No exactamente autorización, capitán. Los estudiantes eran adultos con capacidad de tomar sus propias decisiones. Yo expresé mis reservas, pero ellos insistieron en que sería una oportunidad única para su investigación. El capitán Gómez mostró otra inconsistencia. Doctor, el recepcionista del hotel

Posada Real declaró en 1998 que alguien entregó las llaves de las camionetas de los estudiantes la noche del 18 de abril.
¿Cómo explica que los vehículos llegaran al hotel si los estudiantes fueron transportados en la camioneta blanca? Eso es desconcertante, admitió Villalobos. Quizás los propietarios de la camioneta blanca ofrecieron regresar los vehículos al hotel como cortesía. No puedo estar seguro de todos los

arreglos que se hicieron.
Doctor, necesitamos que nos proporcione cualquier información que pueda recordar sobre estas personas desconocidas, insistió el comandante Herrera. Escuchó nombres, notó algún detalle sobre su apariencia, acento, procedencia. Villalobos permaneció en silencio durante casi un minuto completo.

Comandante, entiendo que estas preguntas son necesarias, pero debo confesarle que mi memoria de aquellos días está fragmentada.
El shock de perder a siete estudiantes bajo mi responsabilidad afectó profundamente mi capacidad de recordar detalles específicos. Doctor, ¿está usted sugiriendo que padece algún tipo de amnesia selectiva sobre los eventos más críticos del caso? No es amnesia, capitán, es el resultado natural de un

trauma psicológico severo.
He vivido con la culpa de no haber protegido mejor a esos jóvenes durante 14 años. El comandante Herrera decidió cambiar de estrategia. Doctor Villalobos. Varios padres de los estudiantes desaparecidos han manifestado que sus hijos les comentaron telefónicamente que usted les había programado una

actividad especial para el 18 de abril. ¿Es esto correcto? Es posible.
Siempre trataba de enriquecer la experiencia educativa con oportunidades adicionales cuando surgían. ¿Qué tipo de oportunidad adicional había surgido específicamente? Creo sí creo que había información sobre una formación mineral poco común en la zona. Los estudiantes de geología estaban

particularmente interesados. ¿De dónde obtuvo esta información? Posiblemente de contactos locales, lugareños que conocían bien la región, los mismos lugareños de la camioneta blanca. Villalobos guardó silencio nuevamente, esta vez durante casi 2
minutos. Comandante, creo que sería prudente que consultara con mi abogado antes de continuar proporcionando más detalles. Entiendo la importancia de esta investigación, pero también debo proteger mis propios derechos legales. Doctor, usted tiene derecho a representación legal en cualquier momento,

confirmó el comandante Herrera.
Sin embargo, debe entender que el descubrimiento de restos humanos enterrados cambia completamente la naturaleza de este caso. Ya no estamos investigando desapariciones, estamos investigando homicidios múltiples. Me está acusando de algo específico, comandante, en este momento usted es testigo clave

en una investigación de homicidio múltiple.
Sus declaraciones inconsistentes y la evidencia fotográfica requieren aclaración urgente. Puede solicitar representación legal, pero eso no elimina su obligación de proporcionar información veraz sobre los últimos momentos de vida de siete jóvenes universitarios. El doctor Villalobos se puso de pie

lentamente. Comandante, solicito formalmente la presencia de mi abogado, el LCK Ricardo Mendoza Espinosa, antes de continuar con este interrogatorio.
Mientras tanto, mantengo mi disponibilidad para cooperar dentro del marco legal apropiado. Muy bien, doctor. El interrogatorio queda suspendido hasta que su representante legal esté presente, anunció el comandante Herrera. Sin embargo, debe entender que esta investigación continuará con o sin su

cooperación inmediata. Tenemos evidencia física, testimonios contradictorios y ahora restos humanos.
La verdad sobre lo que pasó el 18 de abril de 1998 va a salir a la luz. Después de que Villalobo se retiró, el capitán Gómez comentó, “Su comportamiento confirma que está ocultando información crucial. La solicitud de abogado justo, cuando comenzamos a presionarlo sobre las contradicciones, es muy

reveladora. Efectivamente”, concordó el comandante Herrera, pero ahora sabemos que él tuvo contacto directo con las personas que transportaron a los estudiantes.
Su versión de la desobediencia era completamente falsa. Los jóvenes fueron engañados para subir a esa camioneta blanca con su conocimiento y posible participación. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a investigar a fondo al doctor Esteban Villalobos Castañeda, su historial académico, sus finanzas,

sus asociaciones, todo.
Y mientras tanto, continuaremos con la excavación antropológica. Necesitamos confirmar la identidad de los restos y determinar la causa de muerte. Este caso está apenas comenzando. La antropóloga forense Dr. Patricia Moreno Jiménez completó su informe preliminar el 25 de marzo de 2012.

El comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez recibió el documento en su oficina a primera hora de la mañana, acompañado por los resultados de las primeras investigaciones sobre el background del Dr. Esteban Villalobos Castañeda. Comandante, los resultados son definitivos anunció la doctora Moreno

mientras abría su portafolio. Hemos recuperado restos óseos de siete individuos diferentes, cinco hombres y dos mujeres, con edades aproximadas entre 19 y 22 años al momento de la muerte.
Las características antropológicas son consistentes con las descripciones físicas de los estudiantes desaparecidos, causa de muerte, trauma balístico en todos los casos, múltiples impactos de proyectil calibre 9 mm disparados a corta distancia. Los patrones de fractura sugieren que fueron

ejecutados, no asesinatos durante un enfrentamiento. También encontramos evidencia de que los cuerpos fueron enterrados inmediatamente después de la muerte, aproximadamente en abril de 1998. Según el análisis del suelo, el comandante Herrera sintió un escalofrío.

Ejecución está completamente segura. Los ángulos de entrada de los proyectiles, la proximidad de los cuerpos entre sí y la ausencia de heridas defensivas confirman que fueron asesinados mientras estaban inmóviles, probablemente arrodillados. Fue una masacre planeada y ejecutada de manera

sistemática.
Mientras procesaba esta información devastadora, el capitán Luis Fernando Gómez Herrera entró a la oficina con una carpeta voluminosa. Comandante, tengo información muy perturbadora sobre el doctor Villalobos. Su historial financiero muestra anomalías significativas que coinciden exactamente con la

época de los asesinatos. ¿Qué tipo de anomalías? En mayo de 1998, un mes después del viaje a Tapalpa, Villalobos realizó un depósito bancario de 250,000 pesos en efectivo.
Su salario universitario en esa época era de 8,500 pesos mensuales. No había justificación documentada para esa cantidad. El comandante revisó los extractos bancarios. Investigaron la procedencia del dinero. Oficialmente declaró que era producto de la venta de un terreno heredado en Michoacán. Sin

embargo, no existe registro público de tal transacción.
Además, realizó otros depósitos importantes durante los siguientes 2 años: 180,000 pes en septiembre de 1998, 320,000 pes en enero de 1999 y 275,000 pes en agosto de 1999. Total aproximado de más de 1 millón de pesos en ingresos noados, calculó Herrera. Algo más. El capitán Gómez mostró fotografías

de vigilancia bancaria. En julio de 1999, nuestros contactos en inteligencia financiera detectaron que Villalobos había establecido relaciones bancarias con el LCK Arturo Beltrán Sandoval, conocido abogado de Guadalajara que representa intereses de organizaciones criminales dedicadas al

narcotráfico. Tenemos evidencia directa de esta
conexión. Fotografías de vigilancia los muestran reuniéndose en tres ocasiones diferentes en el hotel Villa Ejecutiva de Guadalajara durante 1999 y 2000. Beltrán Sandoval ha sido investigado múltiples veces por lavado de dinero, pero nunca procesado por falta de evidencia suficiente. La Dr. Moreno

interrumpió la conversación.
Comandante, hay otro elemento crucial en mi análisis forense. Los proyectiles recuperados de los restos óse fueron disparados por al menos dos armas diferentes. Tenemos casquillos de pistola 9 Miro, marca Vereta, y también Smith and Wesson. Esto sugiere que participaron múltiples ejecutores.

¿Conservaron los proyectiles para análisis balístico? Perfectamente.
Están en condiciones de ser comparados con cualquier arma que puedan recuperar durante la investigación. El comandante Herrera estaba comenzando a ver un patrón más amplio y siniestro. Capitán Gómez, necesito que investiguen exhaustivamente las actividades del doctor Villalobos entre 1997 y 2000.

Contactos, viajes, compras importantes, cambios en su estilo de vida. También quiero información completa sobre el abogado Beltrán Sandoval y sus clientes conocidos.
Ya inicié esas investigaciones, comandante, pero tengo información adicional que es aún más preocupante. Gómez abrió otra sección de su carpeta. Entre los papeles personales de Villalobos encontrados durante el registro de su oficina universitaria autorizado por el juez, había una agenda de 1998

con anotaciones muy específicas.
El 10 de abril de 1998, 5 días antes del viaje, escribió: “Runión AB. Confirmar detalles. Transporte especial. AB podría referirse a Arturo Beltrán, muy probablemente, pero hay más. El 15 de abril, día de inicio del viaje, anotó grupo completo confirmado, siete objetivos, CEB incluida. C podría ser

Claudia Vázquez. La doctora Moreno palideció.
Están sugiriendo que el doctor Villalobos identificó específicamente a los estudiantes que serían asesinados. Esa es nuestra hipótesis de trabajo, confirmó el comandante Herrera. El viaje académico fue una fachada para atraer a estudiantes específicos hacia una trampa mortal. Villalobos actuó como

señuelo, utilizando su autoridad académica para ganar la confianza de las víctimas. El capitán Gómez continuó con sus revelaciones.
También encontramos en la agenda una anotación del 20 de abril, trabajo completado, liquidación pendiente y el 15 de mayo, primer pago recibido. Continuar protocolo silencio. ¿Qué tipo de organización criminal podría estar detrás de esto?, preguntó la Dr. Moreno. ¿Por qué asesinar estudiantes

universitarios? Esa es la pregunta clave, respondió Herrera.
Necesitamos determinar si estos jóvenes fueron víctimas aleatorias o si había algo específico que los convertía en objetivos. Capitán Gómez, quiero que revisen los backgrounds familiares, las actividades de los estudiantes, sus investigaciones académicas, cualquier cosa que pudiera haber motivado su

eliminación. Ya comencé esa investigación, comandante.
Los padres de Roberto Mendoza, el señor Armando Mendoza Villareal, trabajaba en 1998 como contador de la empresa constructora Desarrollos Tapatíos SA. Sague tenía contratos gubernamentales importantes. El padre de Diego Torres, señor Alejandro Torres Mendoza, era inspector de aduanas en el puerto

de Manzanillo. Posiciones que podrían tener acceso a información sensible sobre actividades ilícitas, reflexionó Herrera.
Exactamente. Y el padre de Ana Sofía Ramírez, el doctor Gonzalo Ramírez Torres, trabajaba como médico forense en la Procuraduría General de Justicia. podría haber estado involucrado en casos que comprometieran intereses criminales. La Dr. Moreno añadió una perspectiva adicional.

Los restos también muestran evidencia de que los estudiantes fueron retenidos vivos durante algún tiempo antes de su ejecución. Hay indicios de ataduras en las muñecas y tobillos, así como signos de malnutrición que sugieren cautiverio. ¿Cuánto tiempo estuvieron cautivos? Basándome en el análisis

óseo y dental, estimo entre 5 y 10 días, tiempo suficiente para interrogarlos extensamente sobre información que sus padres pudieran poseer.
El comandante Herrera comenzó a comprender la magnitud del crimen. No fueron asesinatos impulsivos, fue una operación de inteligencia criminal. secuestraron a los hijos para presionar a los padres o para extraer información específica sobre investigaciones gubernamentales, operaciones aduanes o

procesos judiciales.
Pero entonces, ¿por qué los mataron?, preguntó el capitán Gómez. Si el objetivo era presionar a los padres, mantener vivos a los estudiantes sería más efectivo. Quizás obtuvieron la información que necesitaban, sugirió la doctor Moreno. O tal vez los padres no cooperaron y los asesinatos fueron

represalia y advertencia.
Tas”, añadió Herrera sombríamente. “los estudiantes vieron o escucharon algo durante su cautiverio que los convertía en testigos peligrosos que debían ser eliminados permanentemente. El teléfono de la oficina sonó interrumpiendo la conversación. Era el agente de investigaciones especiales, teniente

Jorge Ramírez Cortés.
Comandante, tengo información urgente sobre el abogado Arturo Beltrán Sandoval. Nuestros contactos en la Fiscalía Antinarcóticos confirman que entre 1997 y 2001 representó legalmente a miembros de alto rango del cártel de Guadalajara, específicamente en casos relacionados con lavado de dinero y

corrupción gubernamental.
¿Hay evidencia de que este cártel estuviera siendo investigado por autoridades que incluían a los padres de nuestras víctimas? Estamos verificando eso ahora mismo, comandante, pero puedo confirmar que en 1998 había una investigación multiagencial sobre corrupción en aduanas, contratos

gubernamentales fraudulentos y encubrimiento de homicidios relacionados con narcotráfico.
Los padres de al menos tres de nuestras víctimas tenían acceso directo a información crucial de estas investigaciones. El comandante Herrera sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera escalofriante. Señores, estamos enfrentando algo mucho más grande que un homicidio

múltiple. Estamos investigando una operación de eliminación sistemática de testigos potenciales, utilizando a sus propios hijos como víctimas para silenciar investigaciones gubernamentales sobre actividades del narcotráfico.
¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó el capitán Gómez. Vamos a confrontar al Dr. Villalobos con toda esta evidencia, pero antes necesito protección especial para todos los investigadores de este caso y para las familias de las víctimas originales. Si nuestras hipótesis son correctas, estamos

desenterrando una conspiración que involucra corrupción gubernamental de alto nivel y organizaciones criminales que siguen operando.
Cualquiera que se acerque demasiado a la verdad podría convertirse en el próximo objetivo. El segundo interrogatorio del doctor Esteban Villalobos Castañeda se realizó el 28 de marzo de 2012, esta vez en presencia de su abogado defensor LCK, Ricardo Mendoza Espinoza, un penalista respetado de

Guadalajara especializado en casos complejos.
La sala de interrogatorios había sido reforzada con medidas de seguridad adicionales debido a las implicaciones del caso. El comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez inició la sesión mostrando las fotografías forenses de los restos encontrados. Doctor Villalobos. La autopsia forense ha confirmado

que los siete estudiantes fueron ejecutados con armas de fuego calibre 9 mimeri disparos a quemarropa en lo que constituye claramente un homicidio múltiple premeditado.
El Liene Mendoza Espinoza intervino inmediatamente. Comandante, mi cliente lamenta profundamente la confirmación de estas muertes, pero no veo como esto lo implica directamente en los homicidios. Licenciado, su cliente mintió deliberadamente en su declaración original de 1998, respondió el capitán

Luis Fernando Gómez Herrera colocando sobre la mesa las fotografías de la camioneta blanca.
Estas imágenes demuestran que el doctor Villalobos tuvo contacto directo con las personas que transportaron a los estudiantes hacia su muerte. Villalobos permaneció en silencio, pero su respiración se había acelerado visiblemente. Su abogado revisó las fotografías cuidadosamente. Comandante, estas

fotografías solo muestran a mi cliente conversando con desconocidos.
No hay evidencia de que él supiera las intenciones criminales de estas personas. El comandante Herrera desplegó los extractos bancarios. Doctor, explíquenos, por favor, de dónde provinieron los depósitos de 250,000 pesos realizados en mayo de 1998, un mes después de los asesinatos.

“Mi cliente ya declaró que ese dinero provenía de la venta de un terreno heredado,”, respondió rápidamente el LCK. Mendoza Espinoa, “No existe registro público de tal venta, interrumpió el capitán Gómez. Además, tenemos documentación de depósitos adicionales por más de 750,000 pesos durante los dos

años siguientes, todo sin justificación legal. Por primera vez, el Dr. Villalobos habló directamente.
Comandante, tuve algunas inversiones privadas exitosas durante esa época. Consultorías académicas para empresas privadas. ¿Qué empresas específicamente? Desarrollos inmobiliarios, estudios geológicos para construcción. El comandante Herrera mostró las fotografías de vigilancia. Doctor, ¿conoce

usted al abogado Arturo Beltrán Sandoval? La pausa fue prolongada y tensa.
El licuto Mendoza Espinoza murmuró algo al oído de su cliente antes de responder. Mi cliente puede haber tenido contacto profesional con diversos abogados durante su carrera. Eso no constituye actividad criminal. Dr. Villalobos, el Liquemu Beltrán Sandoval es conocido por representar intereses del

narcotráfico. Tenemos fotografías de ustedes reuniéndose en múltiples ocasiones.
¿Puede explicar la naturaleza de esas reuniones? Comandante, intervino el abogado defensor. Está realizando asociaciones especulativas sin evidencia directa. El capitán Gómez colocó sobre la mesa las páginas de la agenda personal de Villalobos. Doctor, explíquenos qué significan estas anotaciones.

Reunión AB. Confirmar detalles. Transporte especial. Grupo completo confirmado. Siete objetivos.
CV incluida. Trabajo completado. Liquidación pendiente. El silencio se extendió por varios minutos. El doctor Villalobos había palidecido completamente. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. “Doctor”, insistió el comandante Herrera. CB corresponde a Claudia Vázquez, ¿verdad? Usted sabía de

antemano que siete estudiantes específicos serían asesinados durante ese viaje.
Eso es eso es una interpretación completamente errónea, tartamudeó Villalobos. Esas anotaciones se refieren a actividades académicas normales. ¿Qué actividad académica normal incluye referencias a objetivos y liquidación pendiente? El Lique Case Mendoza Espinoza pidió un receso de 15 minutos para

consultar privadamente con su cliente.
Cuando regresaron, la actitud de ambos había cambiado notablemente. “Comandante”, comenzó el abogado, “mi cliente está dispuesto a proporcionar información relevante a cambio de consideraciones específicas en términos de procesamiento legal. ¿Qué tipo de información? Información sobre las personas

realmente responsables de estos homicidios.
así como detalles sobre la operación criminal más amplia de la cual estos asesinatos formaron parte. El comandante Herrera cruzó los brazos. Drctor Villalobos, no hay negociación posible hasta que admita su participación directa en el asesinato de siete estudiantes universitarios. El profesor

respiró profundamente varias veces antes de hablar. Comandante, yo yo nunca supe que los estudiantes serían asesinados.
Creí que solo serían interrogados y liberados. Internrogados sobre qué? Sobre información que sus padres podrían tener relacionada con investigaciones gubernamentales. ¿Qué tipo de investigaciones? Villalobos miró a su abogado, quien asintió casi imperceptiblemente. Había un grupo de funcionarios

gubernamentales que estaban investigando operaciones financieras relacionadas con con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Los padres de algunos estudiantes tenían acceso a información sensible sobre estas investigaciones, quién le solicitó que identificara y atrajera a estos estudiantes específicos. El abogado Arturo Beltrán Sandoval me contactó en marzo de 1998. Dijo que representaba intereses empresariales que

necesitaban información sobre investigaciones que podrían afectar sus actividades comerciales legítimas.
¿Cómo específicamente debía atraer a los estudiantes? debía organizar un viaje de estudios que incluyera a los hijos de los funcionarios investigadores. Durante el viaje, personas especializadas los interrogarían discretamente y luego los liberarían sin daño. El capitán Gómez interrumpió, “Doctor,

¿realmente creyó que una organización criminal secuestraría estudiantes solo para hacer preguntas y después liberarlos sin consecuencias?” Yo yo necesitaba el dinero”, admitió Villalobos con voz quebrada. Mi esposa estaba enferma de cáncer. Los tratamientos eran muy costosos. El seguro universitario

no
cubría todos los gastos. ¿Cuánto le pagaron por entregar a esos estudiantes? Inicialmente me prometieron 50,000 pesos. Después del después de que desaparecieron, continuaron pagándome para mantener mi versión de los eventos. ¿Quién más participó en esta operación? Nunca conocí nombres reales.

Beltrán Sandoval manejaba todos los contactos.
Solo sé que había personas especializadas en interrogatorios que trabajaban directamente para organizaciones criminales importantes. El comandante Herrera se inclinó hacia adelante. Doctor, ¿dónde fueron llevados los estudiantes después de abordar la camioneta blanca? No lo sé. Con certeza.

Beltrán Sandoval mencionó una propiedad rural en la sierra, pero nunca me dio ubicaciones específicas. Participó usted directamente en los interrogatorios o ejecuciones? No. Mi función terminaba cuando entregaba a los estudiantes. Se suponía que después serían liberados discretamente en Guadalajara

con alguna historia sobre haberse perdido en las montañas.
Cuando se enteró de que habían sido asesinados, Villalobos comenzó a llorar. Cuando no aparecieron después de varios días, comencé a sospechar. Beltrán Sandoval me dijo que había habido complicaciones y que debía mantener estrictamente la versión oficial sin hacer preguntas. Continuó recibiendo

pagos después de los asesinatos. Sí, me dijeron que era para asegurar mi silencio permanente.
También me amenazaron con que si hablaba mi familia sufriría el mismo destino que los estudiantes. El LCK Mendoza Espinoza intervino. Comandante, mi cliente ha sido víctima de extorsión y amenazas durante 14 años. Su participación inicial fue bajo engaño sobre las verdaderas intenciones de los

criminales.
Licenciado, su cliente facilitó conscientemente el secuestro de siete jóvenes a cambio de dinero. Sin importar sus motivaciones personales, es directamente responsable de sus muertes. El comandante Herrera se dirigió nuevamente a Villalobos. Doctor, necesitamos todos los detalles sobre sus

contactos con Beltrán Sandoval.
Fechas, lugares de reunión. números telefónicos, cualquier información que pueda ayudarnos a identificar a las personas que ejecutaron materialmente estos homicidios. Tengo algunos números telefónicos antiguos, lugares donde nos reuníamos, pero comandante debe entender que estas personas son

extremadamente peligrosas.
Si descubren que estoy cooperando, doctor, su seguridad será protegida en la medida de nuestras posibilidades, pero no puede continuar siendo cómplice silencioso de estos asesinatos. Es momento de que la verdad salga completamente a la luz. El interrogatorio continuó durante 3 horas más, durante

las cuales Villalobos proporcionó detalles específicos sobre sus contactos con la red criminal, los métodos de comunicación utilizados y su conocimiento limitado sobre la estructura organizacional detrás de los homicidios. Al finalizar la sesión, el comandante Herrera tenía suficiente información

para proceder con órdenes de
apreensón contra el abogado Arturo Beltrán Sandoval y para solicitar apoyo de agencias federales especializadas en crimen organizado. Doctor Villalobos, concluyó el comandante, queda usted detenido como probable responsable de homicidio múltiple calificado y asociación delictuosa.

Su cooperación será considerada durante el proceso legal, pero no elimina su responsabilidad criminal directa en la muerte de siete jóvenes inocentes. Mientras los agentes escoltaban a Villalobos hacia su celda, el comandante Herrera sabía que había apenas comenzado a desentrañar una conspiración

que involucraba corrupción gubernamental, narcotráfico y asesinatos por encargo que podrían extenderse mucho más allá de este caso específico.
La orden de apreenssión contra el abogado Arturo Beltrán Sandoval fue ejecutada el 30 de marzo de 2012 a las 6:30 de la mañana por un operativo conjunto entre la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Fedo. El operativo fue dirigido

personalmente por el comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez, quien había solicitado refuerzos especiales debido al perfil de alto riesgo del detenido.
La residencia de Beltrán Sandoval, ubicada en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro de Zapopan, fue rodeada por 15 elementos armados antes del amanecer. El abogado de 52 años fue encontrado en su estudio privado destruyendo documentos en una trituradora industrial. L Arturo Beltrán

Sandoval.
Queda usted detenido por los delitos de homicidio múltiple calificado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, anunció el comandante Herrera mientras los agentes aseguraban la escena. Comandante, esto es un abuso de autoridad completamente infundado, respondió

Beltrán Sandoval con aparente tranquilidad. Mis actividades profesionales son completamente legítimas y transparentes.
El capitán Luis Fernando Gómez Herrera supervisó la incautación de documentos, equipos de cómputo, teléfonos celulares y archivos que no habían sido destruidos. Entre los materiales recuperados se encontraron agendas, contratos, correspondencia y registros financieros que cubrían el periodo

1997-2012. Durante el traslado a las instalaciones de la Procuraduría, Beltrán Sandoval ejerció su derecho a permanecer en silencio hasta la presencia de su abogado defensor, el prestigioso penalista LC Eduardo Salinas Montenegro, conocido por representar casos de alto perfil relacionados con crimen

organizado. Mientras tanto, el análisis
preliminar de los documentos incautados reveló información extraordinariamente valiosa. La analista de inteligencia financiera, Lick Perm Sandra Morales Vázquez presentó sus hallazgos iniciales al comandante Herrera esa misma tarde. Comandante, encontramos evidencia documental directa de la

participación de Beltrán Sandoval en la operación de 1998.
Tenemos copias de contratos de servicios profesionales fechados en marzo de 1998 por cantidades de 150.000 pesos pagaderos al Dr. Esteban Villalobos. ¿Qué tipo de servicios especificaban estos contratos? Oficialmente describían consultoría académica especializada para investigación geológica

privada, pero también encontramos correspondencia personal que revela el verdadero propósito.
La Liumon Morales mostró copias de cartas manuscritas intercambiadas entre Beltrán Sandoval y una persona identificada solamente como el ingeniero. En esta carta fechada el 5 de abril de 1998, Beltrán Sandoval escribió: “El profesor universitario ha confirmado la disponibilidad de los siete

objetivos familiares para el 18 de abril. Los padres objetivos incluyen el contador de contratos gubernamentales, el inspector de aduanas y el médico forense de la Procuraduría.
¿Quién es el ingeniero? Todavía no lo sabemos con certeza, pero las cartas sugieren que es el líder operacional de la organización criminal. En otra carta del 12 de abril, el ingeniero escribió, “Confirmo que el equipo de interrogación especializado estará listo. Los objetivos serán procesados en

la instalación de la sierra durante un máximo de una semana.
La información extraída determinará el nivel de riesgo de las investigaciones gubernamentales. El comandante Herrera estudió las cartas detenidamente. ¿Hay alguna referencia específica sobre las ejecuciones? Sí, comandante. En una carta fechada el 25 de abril de 1998, una semana después de los

secuestros, el ingeniero escribió, “Los objetivos familiares proporcionaron información valiosa sobre el alcance de las investigaciones.
Sin embargo, su nivel de conocimiento los convierte en testigos permanentes inaceptables. Procederé con la eliminación completa según protocolo de seguridad organizacional. Beltrán Sandoval respondió a esta carta. Sí, su respuesta del 27 de abril dice, entiendo la necesidad operacional, aunque

esperaba un resultado diferente.
El profesor universitario debe ser mantenido bajo control estricto con pagos regulares y supervisión constante. Su cooperación continua es esencial para mantener la cobertura del caso. El capitán Gómez entró a la oficina con información adicional. Comandante, el análisis de las comunicaciones

telefónicas de Beltrán Sandoval reveló contactos regulares con números registrados bajo nombres falsos, pero rastreados hasta torres de comunicación en Michoacán y Colima, zonas de alta actividad del narcotráfico. ¿Qué periodo cubren estas comunicaciones? Desde 1997 hasta 2011.

Dos registros muestran incremento significativo en las comunicaciones durante marzo y abril de 1998, exactamente coincidiendo con el periodo de los secuestros y asesinatos. La Licun Morales continuó con su análisis. Comandante, también encontramos registros financieros que muestran pagos regulares a

Beltrán Sandoval por parte de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales.
Entre 1998 y 2011 recibió aproximadamente 12 millones de pesos por servicios legales especializados. ¿Podemos rastrear el origen real de estos pagos? Parcialmente, algunos pagos están vinculados a empresas que han sido investigadas por lavado de dinero del narcotráfico. Otras transacciones pasan

por tantas empresas intermediarias que será necesario apoyo internacional para rastrearlas completamente.
El comandante Herrera decidió proceder con el interrogatorio de Beltrán Sandoval, armado con toda esta evidencia documental. El interrogatorio se programó para la mañana del 31 de marzo con la presencia del abogado defensor y un fiscal federal especializado en crimen organizado.

Esa noche el comandante recibió una llamada telefónica que cambiaría completamente la dirección de la investigación. Era del agente especial Roberto Castillo Hernández de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y Contra la Seguridad Nacional. Comandante Herrera, he

revisado su caso de los estudiantes universitarios asesinados en 1998. Tengo información que sugiere que estos homicidios están conectados con una operación de inteligencia criminal mucho más amplia que afectó investigaciones federales durante el periodo 199721.

¿Qué tipo de operación? una campaña sistemática de eliminación de testigos potenciales y sabotaje de investigaciones gubernamentales contra el cártel de Guadalajara y sus organizaciones afiliadas. Sus víctimas fueron solo una parte de una estrategia que incluyó asesinatos, intimidación, corrupción y

encubrimiento a nivel federal y estatal.
¿Cuántos casos similares identificaron? Preliminarmente, al menos 15 casos de desapariciones y homicidios entre 1997 y 2001, que siguen patrones similares al suyo. Víctimas relacionadas con funcionarios gubernamentales involucrados en investigaciones antinarcóticos utilizando métodos de atracción

con engaños, interrogatorios especializados y eliminación sistemática.
El comandante Herrera sintió la magnitud real del caso que había destapado. Agente Castillo, ¿significa esto que el caso será transferido a jurisdicción federal? No inmediatamente. Su investigación ha proporcionado la evidencia más sólida que tenemos sobre esta operación criminal.

Queremos que continúe dirigiendo el caso, pero con apoyo federal completo y acceso a información clasificada que puede ser crucial para identificar a todos los responsables. ¿Qué tipo de información clasificada? Expedientes de inteligencia sobre miembros de alto rango del cártel de Guadalajara

activos durante 1998, incluyendo individuos conocidos por el alias el ingeniero.
También tenemos interceptaciones telefónicas históricas y reportes de vigilancia que pueden identificar a los ejecutores materiales de los homicidios. Esa noche el comandante Herrera comprendió que la investigación del asesinato de siete estudiantes universitarios había evolucionado hacia la

exposición de una conspiración criminal de alcance nacional que había operado durante años con impunidad total.
Al día siguiente enfrentaría el interrogatorio más importante de su carrera profesional, sabiendo que las respuestas de Arturo Beltrán Sandoval podrían desentrañar una red criminal que había aterrorizado silenciosamente al sistema de justicia mexicano durante años. Mañana, se dijo mientras revisaba

los expedientes por última vez esa noche comenzamos a obtener justicia no solo para Claudia Roberto, Ana Sofía, Carlos Eduardo, Lucía, Diego y Fernando, sino para todas las víctimas de esta operación criminal que ha permanecido oculta durante más de una década.

La verdad estaba finalmente emergiendo, pero el comandante Herrera sabía que los aspectos más peligrosos de la investigación apenas estaban comenzando. El interrogatorio del abogado Arturo Beltrán Sandoval comenzó a las 9 horas del 31 de marzo de 2012. Además del comandante Miguel Ángel Herrera

Vázquez y el capitán Luis Fernando Gómez Herrera participaron el agente especial Roberto Castillo Hernández de la Fiscalía Federal y la fiscal especializada en Crimen Organizado LC María Elena Rodríguez Sánchez. Beltrán Sandoval acompañado por su abogado defensor LC. Eduardo Salinas

Montenegro mantuvo inicialmente una actitud desafiante y negó cualquier participación en actividades criminales. Sin embargo, cuando la fiscal Rodríguez Sánchez comenzó a mostrar las cartas manuscritas encontradas en su residencia, su compostura cambió drásticamente. Beltrán Sandoval.

Esta correspondencia con la persona identificada como el ingeniero, documenta detalladamente su participación en la planificación y ejecución de los secuestros de abril de 1998, declaró la fiscal mientras colocaba las cartas sobre la mesa. Niega la autenticidad de su propia letra manuscrita.

Fiscal, estas cartas han sido sacadas completamente de contexto”, respondió su abogado defensor.
“Mi cliente mantiene su inocencia respecto a cualquier actividad criminal.” El agente especial Castillo intervino mostrando fotografías de vigilancia federal. “Señor Beltrán, estas imágenes fueron tomadas por agencias de inteligencia federal en mayo y junio de 1998. Lo muestran reuniéndose con

Joaquín Guzmán Herrera.
alias el ingeniero, identificado como operador de alto nivel del cártel de Guadalajara, especializado en el testigos. Por primera vez, Beltrán Sandoval mostró signos visibles de nerviosismo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. No reconozco a la persona en esas fotografías, señor Beltrán.

Continuó el agente Castillo. Joaquín Guzmán Herrera fue arrestado en Michoacán en 2003 por homicidio múltiple y asociación delictuosa.
Durante su procesamiento proporcionó información detallada sobre operaciones de eliminación de testigos entre 1997 y 2001. Específicamente mencionó la operación contra estudiantes universitarios en Jalisco durante abril de 1998. ¿Qué información proporcionó específicamente?, preguntó el comandante

Herrera.
Guzmán Herrera declaró que recibió instrucciones de un abogado de Guadalajara para interrogar y eliminar a hijos de funcionarios gubernamentales que estaban investigando actividades del narcotráfico. Describió detalladamente la ubicación donde mantuvieron cautivos a los estudiantes y los métodos

utilizados para extraer información. Beltrán Sandoval palideció completamente.
Su abogado pidió un receso, pero la fiscal Rodríguez Sánchez continuó con la presión. Señor Beltrán, Joaquín Guzmán Herrera está dispuesto a testificar detalladamente sobre su participación en estos homicidios a cambio de beneficios en su sentencia. Su declaración incluye grabaciones telefónicas

donde usted discute específicamente los nombres y características de las víctimas.
Eso es imposible”, exclamó Beltrán Sandoval perdiendo el control por primera vez. Nunca hubo grabaciones de nuestras conversaciones. Su abogado defensor lo miró con alarma dándose cuenta de que acababa de admitir indirectamente la existencia de conversaciones con Guzmán Herrera. El capitán Gómez

aprovechó esta admisión involuntaria.
“Señor Beltrán, si nunca tuvo conversaciones con Joaquín Guzmán Herrera, ¿cómo sabe que no fueron grabadas? El silencio se extendió durante varios minutos tensos. Finalmente, Beltrán Sandoval consultó con su abogado en voz baja antes de hablar.
Necesito garantías específicas sobre protección y reducción de sentencia antes de proporcionar cualquier información. Señor Beltrán, respondió la fiscal Rodríguez Sánchez, la única garantía que puedo ofrecerle es que su cooperación completa será considerada favorablemente durante la sentencia, pero

primero debe admitir su participación y proporcionar información detallada sobre todos los responsables.
¿Qué información específicamente necesitan? El agente especial Castillo consultó sus notas. Queremos nombres completos, ubicaciones, métodos de comunicación, estructura organizacional, fuentes de financiamiento y detalles específicos sobre los interrogatorios y ejecuciones de los siete estudiantes.

Beltrán Sandoval respiró profundamente varias veces. Si proporciono esta información, pueden garantizar mi seguridad.
Estas personas eliminan a cualquiera que los traiciona. Tenemos programas de protección de testigos, confirmó el agente Castillo. Pero primero necesitamos evaluar el valor y veracidad de su información. Está bien, dijo finalmente Beltrán Sandoval. Participé en la coordinación de la operación, pero

no en las ejecuciones materiales. Mi función era identificar objetivos y coordinar el secuestro inicial.
¿Cómo identificó específicamente a los siete estudiantes? La organización había infiltrado informantes en dependencias gubernamentales. Sabíamos exactamente qué funcionarios estaban involucrados en investigaciones problemáticas. Los estudiantes fueron seleccionados porque sus padres tenían acceso a

información crítica sobre operaciones financieras y investigaciones judiciales.
¿Dónde fueron llevados los estudiantes después del secuestro? a una propiedad rural en la sierra de Michoacán, aproximadamente 180 km al sureste de Tapalpa. Era un rancho controlado por la organización, utilizado específicamente para interrogatorios de alto nivel. El comandante Herrera tomó notas

detalladamente.
¿Cuánto tiempo permanecieron vivos los estudiantes? Según la información que recibí, fueron interrogados durante 6 días. Inicialmente cooperaron proporcionando detalles sobre las actividades profesionales de sus padres, pero cuando se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de su situación,

comenzaron a resistir y amenazar con denunciar todo si eran liberados.
¿Quién tomó la decisión de ejecutarlos? Joaquín Guzmán Herrera reportó a sus superiores que los estudiantes habían visto demasiado y sabían demasiados detalles sobre la operación. La decisión de eliminarlos vino directamente del liderazgo del cártel. ¿Particó usted en esa decisión? No directamente,

pero cuando me informaron sobre la solución final, no objeté. Entendía las implicaciones de seguridad para la organización.
La fiscal Rodríguez Sánchez continuó con preguntas específicas. ¿Cómo fueron ejecutados exactamente? Beltrán Sandoval guardó silencio durante casi 5 minutos antes de responder. Fueron llevados individualmente a una zona apartada del rancho. Les dijeron que serían liberados y transportados de

regreso a Guadalajara.
Cuando estaban de espaldas preparándose para abordar un vehículo, fueron ejecutados con disparos en la cabeza. ¿Quiénes realizaron las ejecuciones materiales? Joaquín Guzmán Herrera y al menos dos operadores adicionales. No conozco los nombres de los otros ejecutores. ¿Dónde fueron enterrados

inicialmente los cuerpos? En el mismo rancho donde fueron ejecutados.
Pero aproximadamente un mes después, cuando la presión de la investigación oficial aumentó, decidieron trasladar los restos a una ubicación más segura. El agente especial Castillo se inclinó hacia adelante. ¿Cómo llegaron los cuerpos al terreno en Tapalpa, donde fueron encontrados? La organización

tenía contactos en la industria de la construcción.
Utilizaron maquinaria pesada para mover los restos durante la noche y enterrarlos en un terreno que planeaban desarrollar comercialmente. La idea era que nunca serían encontrados porque el área se convertiría en una zona residencial. ¿Quién era el propietario original del terreno? una empresa

 

 

fantasma controlada por la organización.
Cuando años después decidieron vender la propiedad, no anticiparon que los nuevos propietarios excavarían exactamente en el lugar del entierro. El interrogatorio continuó durante 8 horas, durante las cuales Beltrán Sandoval proporcionó detalles específicos sobre la estructura organizacional del

cártel, métodos de operación, otras víctimas de operaciones similares y contactos corruptos.
independencias gubernamentales. Al finalizar la sesión, el comandante Herrera tenía suficiente información para solicitar órdenes de apreensón contra Joaquín Guzmán Herrera, ya encarcelado, pero no procesado por estos homicidios específicos, y varios operadores adicionales de la organización

criminal.
Señor Beltrán, concluyó la fiscal Rodríguez Sánchez, su información será verificada meticulosamente. Si confirmamos su veracidad, será considerada favorablemente durante su procesamiento. Sin embargo, debe entender que enfrentará cargos por homicidio múltiple calificado con posible sentencia de 40

a 60 años de prisión y la protección de testigos será evaluada basándose en el nivel de amenaza real y su cooperación continua durante los juicios de los otros implicados.
Esa noche, mientras Beltrán Sandoval era trasladado a un centro de detención de alta seguridad, el comandante Herrera reflexionó sobre la información obtenida. Finalmente tenían un panorama completo de cómo y por qué habían sido asesinados los siete estudiantes universitarios, pero sabía que el

caso estaba lejos de concluir. Ahora tenía que localizar y procesar a los ejecutores materiales, identificar a otros funcionarios corruptos que habían facilitado la operación y posiblemente descubrir otras víctimas de esta campaña sistemática de eliminación de testigos. Mañana decidió, comenzamos la

búsqueda
de Joaquín Guzmán Herrera y sus cómplices. Estos estudiantes finalmente van a tener la justicia que merecen, sin importar cuánto tiempo tome o qué tan peligroso sea el proceso. La operación para localizar y procesar a los ejecutores materiales de los homicidios se intensificó durante los primeros

días de abril de 2012.
El agente especial Roberto Castillo Hernández coordinó un operativo multiagencial que incluyó a la Policía Federal, fuerzas especiales de la Secretaría de Defensa Nacional y agentes especializados de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Joaquín Guzmán Herrera, alias el ingeniero,

se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, altiplano, cumpliendo una sentencia de 25 años por homicidio y asociación delictuosa.
Sin embargo, nunca había sido procesado específicamente por los asesinatos de los estudiantes universitarios de 1998. El comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez se trasladó al centro penitenciario el 5 de abril de 2012 para confrontar directamente a Guzmán Herrera con la evidencia recopilada

durante la investigación.
El interrogatorio se realizó en una sala especial de alta seguridad con medidas extremas de protección debido al perfil del detenido. Joaquín Guzmán Herrera, de 43 años, mantenía el físico robusto y la mirada fría, característica de operadores de alto nivel del crimen organizado. A diferencia de

otros interrogatorios del caso, él mostró desde el inicio una actitud cooperativa que sorprendió a los investigadores.
Comandante, he escuchado que están investigando la operación de Tapalpa de 1998”, comenzó Guzmán Herrera sin esperar preguntas. “He estado esperando durante años que alguien tuviera el valor de investigar seriamente ese caso. ¿Por qué dice que estaba esperando?” “Porque esos estudiantes no merecían

morir.
” La operación se salió completamente de control debido a decisiones erróneas de niveles superiores de la organización. El agente especial Castillo mostró las fotografías de las víctimas. Señor Guzmán, reconoce a estas personas perfectamente. Claudia Vázquez, Roberto Mendoza, Ana Sofía Ramírez,

Carlos Eduardo Jiménez, Lucía Fernández, Diego Torres y Fernando Sánchez.
Pasé se días interrogándolos en el rancho Las Águilas en Michoacán. ¿Puede describir detalladamente qué ocurrió durante esos 6 días? Guzmán Herrera respiró profundamente antes de comenzar su relato. Los estudiantes fueron transportados al rancho la noche del 18 de abril de 1998. Inicialmente

estaban confundidos, pero no aterrorizados. Creían que había habido algún malentendido que se resolvería rápidamente.
¿Cómo los interrogó? Durante los primeros dos días utilicé métodos psicológicos no violentos. Les expliqué que necesitábamos información. sobre las actividades profesionales de sus padres para proteger ciertos intereses comerciales. Varios de ellos cooperaron inicialmente proporcionando detalles

sobre conversaciones familiares relacionadas con investigaciones gubernamentales.
¿Qué información específica buscaban? Queríamos saber el alcance exacto de las investigaciones sobre lavado de dinero, corrupción en aduanas y encubrimiento judicial que estaban realizando funcionarios del gobierno. También necesitábamos identificar informantes infiltrados en la organización.

El comandante Herrera tomó notas detalladamente cuándo decidió la organización ejecutar a los estudiantes. El tercer día, la estudiante de biología, Ana Sofía Ramírez, se dio cuenta de que no serían liberados. Comenzó a confrontarme directamente, acusándome de secuestro y exigiendo comunicación con

sus familias.
Su actitud influyó en los otros estudiantes que comenzaron a resistir y amenazar con denunciar toda la operación. ¿Cómo respondió usted a esta resistencia? Reporté la situación a mis superiores. El abogado Beltrán Sandoval me informó que había consultado con el liderazgo del cártel y la decisión

fue proceder con la eliminación completa para evitar riesgos de exposición.
¿Usted estuvo de acuerdo con esa decisión? Guzmán Herrera guardó silencio durante varios minutos. Comandante, en ese momento de mi vida seguía órdenes sin cuestionar las implicaciones morales, pero debo admitir que estos estudiantes me causaron una impresión diferente a otras víctimas con las que

había trabajado anteriormente.
¿Qué tipo de impresión? Eran jóvenes genuinamente inocentes. No tenían participación alguna en las actividades que estábamos investigando. Su único crimen era ser hijos de funcionarios que hacían su trabajo honestamente. Durante los interrogatorios, varios de ellos me suplicaron que contactara a

sus padres para resolver cualquier problema sin violencia.
El agente especial Castillo preguntó sobre los detalles específicos de las ejecuciones, cómo procedió con las eliminaciones. La mañana del 24 de abril les dije que había llegado el momento de su liberación. Los transporté individualmente hacia una zona apartada del rancho donde supuestamente los

esperaba un vehículo para regresarlos a Guadalajara. Sabían lo que realmente iba a ocurrir. Los primeros tres no sospecharon nada hasta el momento final.
Roberto Mendoza fue el primero. Le disparé por detrás cuando se dirigía hacia el vehículo. El sonido alertó a los otros que estaban esperando en el área de detención. ¿Cómo reaccionaron los estudiantes restantes? Claudia Vázquez inmediatamente comprendió lo que estaba ocurriendo.

Comenzó a gritar y suplicar por su vida y la de sus compañeros. Diego Torres intentó escapar, pero fue capturado por mis operadores antes de llegar al perímetro del rancho. El comandante Herrera sintió una mezcla de horror y tristeza al escuchar estos detalles. Continuó con las ejecuciones a pesar

de sus súplicas. Sí, Ana Sofía Ramírez fue la segunda.
Mantuvo su dignidad hasta el final, pero me pidió que permitiera que los otros vivieran. Carlos Eduardo Jiménez intentó negociar ofreciendo información adicional a cambio de clemencia para el grupo. ¿Consideró esas ofertas? No tenía autoridad para modificar las órdenes. Lucía Fernández fue la

tercera. Estaba completamente aterrorizada y apenas podía caminar.
Fernando Sánchez se desmayó del terror antes de su ejecución y Claudia Vázquez y Diego Torres fueron los últimos. Claudia mantuvo una actitud desafiante, diciéndome que sus familias nunca dejarían de buscar la verdad. Diego Torres me maldijo y predijo que algún día yo pagaría por estos asesinatos.

Guzmán Herrera hizo una pausa prolongada antes de continuar.
Comandante, durante estos 14 años en prisión, las palabras de Diego Torres han resonado constantemente en mi mente. Él tenía razón. Este día finalmente llegó. ¿Quiénes más participaron materialmente en las ejecuciones? Mis operadores Francisco Morales Gutiérrez y Raúl Salinas Herrera. Ambos están

actualmente en prisión por otros cargos, pero nunca han sido procesados por estos homicidios específicos.
¿Dónde enterraron inicialmente los cuerpos? en una fosa común en la propiedad del rancho. Pero aproximadamente un mes después, cuando la investigación oficial se intensificó, recibimos órdenes de trasladar los restos a una ubicación más segura. ¿Quién organizó el traslado? Beltrán Sandoval coordinó

toda la logística.
utilizó contactos en la industria de la construcción para mover los cuerpos durante la noche y enterrarlos en el terreno de Tapalpa, que eventualmente sería desarrollado comercialmente. El agente especial Castillo preguntó sobre la participación de funcionarios corruptos. ¿Qué autoridades

gubernamentales facilitaron esta operación? El comandante Alfonso Cervantes Moreno, quien dirigió la investigación original, recibió pagos regulares para asegurar que la investigación no progresara hacia la verdad. También hubo participación de funcionarios en la Universidad de

Guadalajara que facilitaron el acceso del doctor. Villalobos a información sobre los estudiantes y sus familias. Puede proporcionar nombres específicos. Tengo información detallada sobre al menos 12 funcionarios que recibieron pagos por su cooperación o silencio durante esta operación.

El interrogatorio continuó durante dos días completos, durante los cuales Guzmán Herrera proporcionó información exhaustiva sobre la estructura organizacional del cártel, métodos de operación, ubicaciones de instalaciones criminales y detalles sobre otras operaciones de eliminación de testigos

realizadas durante el mismo periodo. Al finalizar las sesiones, el comandante Herrera tenía evidencia suficiente para procesar no solo a los ejecutores materiales, sino también a una red extensa de funcionarios corruptos que habían facilitado y encubierto estos crímenes durante más de una década.

“Señor Guzmán,” concluyó el comandante, “su testimonio será crucial para obtener justicia para las víctimas. ¿Está dispuesto a testificar públicamente durante los juicios, comandante? He cargado con la culpa de estos asesinatos durante 14 años.
Es tiempo de que toda la verdad salga a la luz sin importar las consecuencias para mi seguridad personal. Esos estudiantes merecen justicia y sus familias merecen saber exactamente qué les pasó a sus hijos. Con esta cooperación total de Joaquín Guzmán Herrera, el caso había evolucionado hacia una

investigación que prometía exponer no solo los homicidios específicos de 1998, sino una red de corrupción y crimen organizado que había operado con impunidad durante años en el sistema de justicia de Jalisco. Los arrestos masivos comenzaron el 15 de abril de 2012, exactamente 14 años después del

secuestro de los estudiantes. El operativo coordinado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada resultó en la detención simultánea de 17 personas en seis estados de la República, incluyendo funcionarios gubernamentales, operadores criminales y cómplices que habían participado en el

encubrimiento de los homicidios.
Francisco Morales Gutiérrez y Raúl Salinas Herrera, los operadores que habían participado materialmente en las ejecuciones fueron localizados en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente en Jalisco, donde cumplían sentencias por otros delitos.

Ambos fueron trasladados a instalaciones de alta seguridad para enfrentar cargos específicos por los homicidios múltiples de 1998. El comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez dirigió personalmente el interrogatorio de Morales Gutiérrez, quien inicialmente negó cualquier participación en los

asesinatos.
Sin embargo, cuando se le confrontó con el testimonio detallado de Joaquín Guzmán Herrera y evidencia forense específica, su resistencia se desmoronó completamente. Señor Morales, tenemos testimonios específicos que lo ubican en el rancho Las Águilas durante abril de 1998, participando directamente

en la ejecución de siete estudiantes universitarios, declaró el comandante mientras mostraba fotografías de las víctimas.
Eso fue hace muchos años”, respondió Morales Gutiérrez con voz temblorosa. “Yo solo seguía órdenes de mis superiores. ¿Reconoce a estas víctimas?” “Sí, eran los estudiantes que trajeron al rancho para interrogatorio. Participó usted directamente en sus ejecuciones?” Morales guardó silencio durante

varios minutos antes de admitir.
“Yo transporté a tres de ellos hacia la zona de ejecución.” Joaquín Guzmán disparó primero, después Raúl Salinas ejecutó a dos más. Y yo yo maté a los dos últimos. ¿Cuáles víctimas específicamente ejecutó usted? El estudiante de ingeniería civil, Carlos Eduardo Jiménez, y la estudiante de biología,

Lucía Fernández.
El comandante Herrera sintió una mezcla de satisfacción por la confesión y horror por los detalles. ¿Cómo reaccionaron estas víctimas durante sus últimos momentos? Carlos Eduardo me suplicó que no lo matara, prometiendo que nunca diría nada sobre lo que había visto. Lucía Fernández estaba tan

aterrorizada que no podía hablar coherentemente.
Sintió alguna duda o remordimiento durante las ejecuciones. En ese momento no. Estaba siguiendo órdenes directas de la organización, pero durante estos años en prisión he pensado constantemente en esos estudiantes. No merecían morir. El interrogatorio de Raúl Salinas Herrera produjo resultados

similares. Admitió haber ejecutado personalmente a Ana Sofía Ramírez y Fernando Sánchez, proporcionando detalles específicos que confirmaron completamente el testimonio de Joaquín Guzmán Herrera.
Mientras tanto, el agente especial Roberto Castillo Hernández dirigió las investigaciones sobre los funcionarios corruptos identificados durante la investigación. El caso más impactante fue el del excomandante Alfonso Cervantes Moreno, quien había dirigido la investigación original de 1998.

Cervantes Moreno, retirado desde 2005 y viviendo en Puerto Vallarta, con un nivel de vida considerablemente superior a sus ingresos oficiales, fue arrestado en su residencia de lujo frente al mar.
Durante el registro de su propiedad se encontraron documentos que confirmaban pagos regulares recibidos de la organización criminal a cambio de sabotear la investigación original. Excandante Cervantes, declaró el agente Castillo durante el interrogatorio. Tenemos evidencia documental de que recibió

aproximadamente 400,000 pesos entre 1998 y 2000 por manipular la investigación de los estudiantes desaparecidos.
“Esas acusaciones son completamente falsas”, respondió Cervantes Moreno. “Dirigí esa investigación con total profesionalismo y honestidad. ¿Cómo explica entonces estos recibos de depósitos bancarios que coinciden exactamente con momentos críticos de la investigación original? Esos depósitos

provenían de inversiones personales legítimas.
El agente Castillo mostró cartas manuscritas encontradas en la residencia de Arturo Beltrán Sandoval, ex comandante. Esta correspondencia lo identifica específicamente como el contacto principal en la Procuraduría que aseguraría que la investigación se mantuviera dentro de parámetros seguros para

los intereses de la organización.
La confrontación con esta evidencia documental directa quebró la resistencia de Cervantes Moreno, quien finalmente admitió haber recibido instrucciones específicas para dirigir la investigación hacia conclusiones falsas que protegieran a los verdaderos responsables.

¿Qué instrucciones específicas recibió? debía mantener la hipótesis de que los estudiantes habían desaparecido voluntariamente después de desobedecer al profesor. También debía evitar investigar demasiado profundamente las contradicciones en la versión del Dr. Villalobos o las evidencias

fotográficas de la camioneta blanca. ¿Sabía usted que los estudiantes habían sido asesinados? No inicialmente creía que realmente habían desaparecido, pero cuando comenzaron a pagarme regularmente durante años después del caso, comprendí que había algo mucho más siniestro involucrado. ¿Por qué nunca

denunció esta situación? Para ese momento ya
estaba completamente comprometido. Habría enfrentado cargos por corrupción y posiblemente amenazas contra mi familia. Las investigaciones revelaron que la red de corrupción se extendía también a la Universidad de Guadalajara, donde varios funcionarios administrativos habían proporcionado información

confidencial sobre los estudiantes y sus familias a cambio de pagos menores.
Liquin Eduardo Ramírez Castillo, quien había realizado el análisis técnico de las fotografías encontradas en 1998, admitió haber alterado deliberadamente sus conclusiones para minimizar la importancia de las imágenes que mostraban la camioneta blanca.

Mi análisis original había determinado que las fotografías constituían evidencia crucial de que los estudiantes no se habían dirigido voluntariamente hacia Barranca del Diablo”, confesó Ramírez Castillo. “Pero recibí instrucciones de modificar el reporte para hacer que las imágenes parecieran menos

relevantes.
¿Quién le dio estas instrucciones? El comandante Cervantes Moreno me dijo que el caso era sensible y que debía evitar conclusiones que complicaran innecesariamente la investigación. Durante mayo y junio de 2012, los interrogatorios continuaron revelando la extensión completa de la conspiración. Se

descubrió que la operación contra los estudiantes universitarios había sido solo una parte de una campaña más amplia de eliminación sistemática de testigos que incluyó al menos 11 casos adicionales de desapariciones y homicidios entre 1997 y 2001. La fiscal especializada María Elena Rodríguez

Sánchez presentó ante
los medios de comunicación un informe detallado sobre la extensión de la red criminal. El 20 de junio de 2012, la conferencia de prensa se realizó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República con la presencia de familiares de todas las víctimas. Durante los últimos tres meses,

esta investigación ha revelado que los homicidios de los siete estudiantes universitarios en 1998 formaron parte de una operación criminal sistemática que eliminó a un total de 34 personas entre 1997 y 2001, anunció la fiscal Rodríguez
Sánchez ante una audiencia de periodistas y familiares. María Elena Vázquez Herrera, hermana de Claudia, había seguido cada desarrollo de la investigación durante estos meses intensos. Fiscal, ¿significa esto que hubo otras familias que sufrieron lo mismo que nosotros durante todos estos años?

Efectivamente, señora Vázquez, hemos identificado 11 casos adicionales de desapariciones y homicidios que siguieron patrones similares, víctimas relacionadas con funcionarios gubernamentales involucrados en investigaciones antinarcóticos,
utilizando métodos de engaño para atraer a las víctimas, interrogatorios especializados en instalaciones rurales y eliminación sistemática, seguida de encubrimiento oficial. El señor Armando Mendoza Villareal, padre de Roberto Mendoza, preguntó sobre las implicaciones legales. ¿Cuántas personas

serán procesadas en total por estos crímenes? Hasta el momento tenemos 23 personas detenidas y procesadas, incluyendo ocho operadores criminales que participaron materialmente en homicidios, siete funcionarios gubernamentales corruptos que
facilitaron o encubrieron los crímenes. Cinco profesionales que proporcionaron servicios especializados a la organización criminal y tres empresarios que lavaron dinero procedente de estas operaciones. El agente especial Roberto Castillo Hernández proporcionó detalles adicionales sobre la estructura

organizacional descubierta.
La investigación ha revelado que esta red criminal operaba con un nivel de sofisticación extraordinario. Tenían infiltrados en procuradurías estatales, universidades públicas, empresas de construcción, instituciones bancarias y medios de comunicación. ¿Cómo lograron mantener esta operación secreta

durante más de una década? Preguntó un periodista.
Utilizaron una combinación de corrupción directa, intimidación sistemática y eliminación física de cualquier persona que representara una amenaza real para su seguridad operacional. También manipularon información en medios de comunicación para desviar la atención pública de sus actividades. La Dr.

Patricia Moreno Jiménez, la antropóloga forense, presentó los resultados finales de sus análisis.
Hemos completado la identificación positiva de los siete estudiantes mediante análisis de ADN comparado con muestras familiares. También confirmamos que todos murieron entre el 23 y 24 de abril de 1998. aproximadamente 6 días después de su secuestro. Encontraron evidencia de tortura o maltrato

antes de las ejecuciones, preguntó la señora Carmen Campos Herrera, madre de Roberto Mendoza.
Los análisis óse muestran evidencia de ataduras prolongadas y malnutrición durante el periodo de cautiverio. Sin embargo, no hay indicios de tortura física sistemática. Aparentemente los interrogatorios utilizaron principalmente métodos psicológicos. El comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez

proporcionó información sobre el impacto de la investigación en casos similares a nivel nacional.
Esta investigación ha sido utilizada como modelo para reabrir 47 casos de desapariciones sin resolver entre 1995 y 2005 en siete estados del país. Ya tenemos resultados positivos en 12 de estos casos, incluyendo la identificación de restos y procesamiento de responsables.

¿Qué medidas se están implementando para prevenir operaciones similares en el futuro? Preguntó otro periodista. Se han establecido protocolos especiales de seguridad para funcionarios gubernamentales involucrados en investigaciones sensibles, incluyendo protección para sus familias. También se

crearon mecanismos de verificación independiente para investigaciones de desapariciones que involucren posible participación de crimen organizado.
Durante la conferencia de prensa se anunció que los juicios comenzarían en septiembre de 2012 con la expectativa de que los procesos legales se extenderían durante aproximadamente 18 meses debido a la complejidad del caso y el número de acusados. El doctor Gonzalo Ramírez Torres, padre de Ana Sofía

Ramírez y médico forense de profesión, expresó su satisfacción por los resultados de la investigación.
Durante 14 años viví con la incertidumbre sobre el destino de mi hija. Saber finalmente la verdad, aunque sea dolorosa, nos permite cerrar este capítulo y honrar apropiadamente su memoria. La señora Rosa María Torres Vega, madre de Diego Torres, añadió, “Mi hijo era un joven brillante con un futuro

prometedor. El saber que fue asesinado por criminales que querían silenciar investigaciones legítimas me llena de dolor, pero también de orgullo, porque su muerte contribuyó indirectamente a exponer esta red de corrupción.
” Al finalizar la conferencia de prensa, la fiscal Rodríguez Sánchez anunció que se había establecido un fondo especial para proporcionar apoyo psicológico y legal a todas las familias afectadas por esta red criminal, no solo las víctimas de 1998, sino también los otros casos conectados descubiertos

durante la investigación.
El sistema de justicia mexicano falló gravemente a estas familias durante más de una década, declaró la fiscal. Es nuestra responsabilidad no solo procesar a los culpables, sino también asegurar que las familias reciban todo el apoyo necesario para reconstruir sus vidas después de tantos años de

incertidumbre y dolor.
María Elena Vázquez Herrera, quien había iniciado involuntariamente toda la investigación al comprar el terreno donde fueron encontrados los restos, reflexionó sobre el impacto de los descubrimientos. Cuando decidí construir una casa de campo en ese terreno, jamás imaginé que estaba a punto de

destapar una conspiración de esta magnitud.
Claudia y sus compañeros finalmente pueden descansar en paz, sabiendo que la verdad salió a la luz. Los preparativos para los juicios incluyeron medidas extraordinarias de seguridad debido a las amenazas recibidas por varios testigos y familiares de las víctimas. Se estableció un protocolo especial

de protección que incluía escolta permanente para los familiares que testificarían durante los procesos legales.
El impacto mediático del caso había sido considerable, generando debates nacionales sobre corrupción gubernamental, efectividad de las investigaciones de desapariciones y la necesidad de reformas estructurales en el sistema de justicia para prevenir encubrimientos similares en el futuro. Durante

julio y agosto de 2012, los equipos legales de ambas partes completaron sus preparaciones para lo que prometía ser uno de los juicios más complejos y mediáticos en la historia reciente del sistema judicial de Jalisco. La expectativa pública era enormus, no solo por la justicia para

las víctimas específicas, sino por el precedente que establecería para el procesamiento de casos similares en todo el país. Los juicios comenzaron el 10 de septiembre de 2012 en el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco con el magistrado licus José Antonio Hernández Morales presidiendo el proceso.

Debido a la complejidad del caso y el número de acusados, se establecieron tres salas simultáneas para manejar diferentes aspectos de la acusación: homicidios múltiples, corrupción gubernamental y asociación delictuosa. La fiscal especializada María Elena Rodríguez Sánchez presentó la acusación

principal contra los 23 procesados durante la sesión inaugural del juicio.
El público asistente incluía familiares de las víctimas, periodistas nacionales e internacionales, estudiantes universitarios y representantes de organizaciones de derechos humanos. Honorable Tribunal, comenzó la fiscal Rodríguez Sánchez. Durante los próximos meses demostraremos que los acusados

participaron en una conspiración criminal que asesinó sistemáticamente a 34 personas entre 1997 y 2001, incluyendo a siete estudiantes universitarios inocentes, cuyo único crimen fue ser hijos de funcionarios gubernamentales honestos.
El primer testimonio crucial fue proporcionado por Joaquín Guzmán Herrera, alias el ingeniero, quien detalló meticulosamente ante el tribunal su participación directa en la ejecución de los siete estudiantes. Su declaración duró 3 días completos y proporcionó el relato más detallado sobre los

últimos momentos de vida de las víctimas.
“Señor Guzmán”, preguntó la fiscal, “¿Puede describir las últimas palabras de Claudia Vázquez Herrera antes de su ejecución?” Claudia me dijo, “Algún día alguien va a descubrir lo que ustedes hicieron y nuestras familias van a saber la verdad. Pueden matarnos, pero no pueden matar la justicia para

siempre.” María Elena Vázquez Herrera, presente en la sala, rompió en llanto al escuchar estas palabras.
El magistrado Hernández Morales ordenó un receso de 15 minutos para permitir que los familiares se recuperaran emocionalmente. El testimonio del Dr. Esteban Villalobos Castañeda fue igualmente impactante. Después de meses de cooperación con la investigación, había aceptado declararse culpable a

cambio de una reducción de sentencia y protección para su familia. Dr.
Villalobos, preguntó la fiscal, comprende completamente las consecuencias de sus acciones. Fiscal, durante 14 años he vivido con la culpa de haber traicionado la confianza de esos estudiantes. Utilicé mi autoridad académica para atraerlos hacia una trampa mortal.

No hay justificación para lo que hice, sin importar mis circunstancias personales en ese momento. ¿Qué mensaje tiene para las familias de las víctimas? Villalobos se dirigió directamente hacia la sección donde se encontraban los familiares. Señores padres y familiares, sé que mis disculpas no

pueden reparar el daño que causé.
Solo puedo prometer que dedicaré el resto de mi vida a asegurar que otros casos similares sean investigados completamente y que ninguna familia sufra la incertidumbre que ustedes experimentaron durante tantos años. El testimonio del abogado Arturo Beltrán Sandoval proporcionó detalles cruciales

sobre la estructura organizacional del cártel y sus métodos de corrupción gubernamental.
Su cooperación había sido esencial para identificar y procesar a funcionarios corruptos que habían facilitado el encubrimiento. Licas, Beltrán Sandoval, preguntó la fiscal, ¿cuántos funcionarios gubernamentales recibieron pagos regulares de la organización criminal? Basándome en los registros que

manejé personalmente, al menos 43 funcionarios en diferentes niveles de gobierno recibieron pagos por proporcionar información, manipular investigaciones o simplemente mantener silencio sobre actividades criminales.
Incluía esto funcionarios de alto nivel. Sí, incluyendo magistrados, comandantes de policía, directores universitarios, inspectores de aduanas y funcionarios de la Procuraduría General. Los testimonios de Francisco Morales Gutiérrez y Raúl Salinas Herrera, quienes habían participado materialmente en

las ejecuciones, fueron particularmente difíciles para las familias.
Ambos habían aceptado declararse culpables y proporcionaron descripciones detalladas de los últimos momentos de cada víctima. “Señor Morales, preguntó la fiscal, ¿qué le dijo Carlos Eduardo Jiménez antes de su ejecución? Me suplicó que no lo matara.

dijo que tenía planes de casarse con su novia después de graduarse y que prometía nunca decir nada sobre lo que había visto en el rancho. La señora Mercedes Ruiz Herrera, madre de Carlos Eduardo Jiménez, gritó desde la sala: “Mi hijo tenía apenas 22 años, tenía toda una vida por delante. El

magistrado ordenó otro receso para permitir que la familia se calmara.
Durante octubre de 2012, el juicio se centró en la participación de funcionarios corruptos. El testimonio más impactante fue el del excomandante Alfonso Cervantes Moreno, quien admitió haber saboteado deliberadamente la investigación original. “Xomandante Cervantes, preguntó la fiscal, ¿sabía usted

que su manipulación de la investigación permitió que los asesinos permanecieran libres durante más de una década?” Sí, lo sabía.
Durante estos años he vivido con la culpa de saber que traicioné mi juramento como oficial de la ley y fallé completamente a estas familias que confiaron en mí para encontrar a sus hijos. El Dr. Gonzalo Ramírez Torres, padre de Ana Sofía y colega profesional de Cervantes, lo confrontó directamente

durante una pausa del juicio. Alfonso, trabajamos juntos durante años.
¿Cómo pudiste traicionar tu profesión y permitir que los asesinos de mi hija permanecieran libres? Cervantes Moreno respondió con lágrimas en los ojos. Gonzalo, no hay excusa para lo que hice. Solo puedo pedirte perdón y esperar que mi testimonio ahora ayude a obtener justicia para Ana Sofía y

todos los demás. Los veredictos fueron anunciados el 15 de diciembre de 2012.
Joaquín Guzmán Herrera, Francisco Morales Gutiérrez y Raúl Salinas Herrera fueron sentenciados a 60 años de prisión por homicidio múltiple calificado. El Dr. Esteban Villalobos Castañeda recibió 25 años por homicidio múltiple y asociación delictuosa con posibilidad de reducción por cooperación.

Arturo Beltrán Sandoval fue sentenciado a 35 años por los mismos cargos. El excomandante Alfonso Cervantes Moreno recibió 15 años por corrupción y obstrucción de la justicia. Los otros funcionarios corruptos recibieron sentencias entre 8 y 20 años dependiendo de su nivel de participación.

El magistrado Hernández Morales leyó una declaración especial durante la sesión de sentencias. Este caso representa una de las traiciones más graves a la confianza pública en la historia reciente de nuestro sistema de justicia. Los acusados no solo asesinaron a víctimas inocentes, sino que

corrompieron las instituciones diseñadas para proteger a la sociedad.
Después de la lectura de las sentencias se realizó una ceremonia especial en la Universidad de Guadalajara para honrar la memoria de los siete estudiantes asesinados. El rector, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, anunció la creación de siete becas permanentes de excelencia académica que llevarían

los nombres de las víctimas.
Claudia Vázquez Herrera, Roberto Mendoza Campos, Ana Sofía Ramírez Contreras, Carlos Eduardo Jiménez Ruiz, Lucía Fernández Morales, Diego Alejandro Torres Vega y Fernando Sánchez Ortega no pudieron completar sus estudios debido a la maldad de criminales y funcionarios corruptos, declaró el rector

Cortés guardado. Pero su memoria vivirá para siempre a través de los estudiantes que beneficiarán de estas becas.
María Elena Vázquez Herrera. quien había iniciado toda la investigación al comprar el terreno donde fueron encontrados los restos, estableció una fundación dedicada a apoyar familias de personas desaparecidas. Mi hermana Claudia siempre quiso ayudar a otros.

Esta fundación continuará su legado asegurando que ninguna familia tenga que sufrir años de incertidumbre como nosotros. En enero de 2013, el comandante Miguel Ángel Herrera Vázquez recibió un reconocimiento especial de la Procuraduría General de la República por su trabajo excepcional en la

investigación. Durante la ceremonia reflexionó sobre el impacto del caso en su carrera profesional.
Esta investigación me enseñó que la persistencia y la dedicación pueden vencer incluso las conspiraciones más sofisticadas. Los criminales pueden ocultar sus crímenes durante años. Pero la verdad emerge si los investigadores nunca se rinden. El agente especial Roberto Castillo Hernández utilizó la

experiencia de este caso para desarrollar nuevos protocolos de investigación para desapariciones que involucraran posible participación de crimen organizado.
Estos protocolos fueron implementados a nivel nacional y han resultado en la resolución de docenas de casos similares. Doctor. Patricia Moreno Jiménez continuó trabajando en la identificación de víctimas de otros casos conectados utilizando las técnicas forenses perfeccionadas durante esta

investigación.
Sus métodos han sido adoptados por equipos forenses en toda América Latina. Para agosto de 2013, 5 años después del descubrimiento inicial, se habían resuelto completamente 47 casos de desapariciones relacionados con esta red criminal. resultando en la identificación de 89 víctimas adicionales y el

procesamiento de 156 personas por diversos grados de participación. El impacto del caso trascendió las fronteras de Jalisco.
Se implementaron reformas legislativas que establecieron protocolos más estrictos para investigaciones de desapariciones, crearon mecanismos independientes de supervisión para casos sensibles y establecieron protección automática. para familias de funcionarios involucrados en investigaciones de

alto riesgo. Las familias de las víctimas encontraron diferentes maneras de honrar la memoria de sus seres queridos.
Los padres de Roberto Mendoza establecieron un programa de intercambio académico internacional en geología. La familia de Ana Sofía Ramírez creó un laboratorio de biología marina en su honor. Los padres de Diego Torres fundaron un centro de investigación sobre derechos humanos.

En diciembre de 2013, María Elena Vázquez Herrera finalmente construyó su casa de campo en el terreno de Tapalpa, pero decidió convertirla en un centro de retiro para familias de víctimas de violencia. Este lugar donde encontramos a Claudia y sus compañeros ahora será un espacio de sanación y

esperanza para otras familias que han sufrido pérdidas similares.
El caso estableció precedentes legales importantes para el procesamiento de conspiraciones entre crimen organizado y funcionarios corruptos. Las técnicas de investigación desarrolladas han sido enseñadas en academias de policía de todo el país y han contribuido significativamente a mejorar la

efectividad de investigaciones criminales complejas. 14 años después de su asesinato, los siete estudiantes universitarios finalmente habían obtenido justicia completa.
Sus muertes no habían sido en vano, sino que habían expuesto una red de corrupción que había operado con impunidad durante años y habían contribuido a reformas sistémicas que protegerían a futuras víctimas. La verdad, como había predicho Claudia Vázquez Herrera en sus últimas palabras, finalmente

había prevalecido sobre la injusticia y el encubrimiento.
Su legado y el de sus compañeros vivirían para siempre en las vidas salvadas por las reformas implementadas como resultado de su caso y en la esperanza renovada de que el sistema de justicia mexicano podría efectivamente proteger a sus ciudadanos contra las fuerzas del crimen organizado y la

corrupción. gubernamental.

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